Hoy en día, el término sustentabilidad es moneda corriente en el inconsciente colectivo. Tanto es así que ha sido adoptada por diversas disciplinas tales como la economía, la sociología y la educación. Pero, a pesar de ser usado en áreas temáticas tan disímiles, el concepto de sustentabilidad en todas se refiere a un equilibrio en el uso responsable de los recursos, sin comprometer el acceso a estos por parte de las generaciones futuras y cuidando el ambiente que los rodea.
En este sentido, la actividad agropecuaria no se quedó atrás. El sector trabaja arduamente para lograr una agricultura sustentable, es decir, una armonía entre productividad, para poder abastecer de alimentos a la sociedad, y el cuidado del ambiente.
Este equilibro que gobierna el concepto de sustentabilidad, solamente puede ser ejecutado a través de las buenas prácticas. Dicho de otra manera, a través de normas y principios tales como la responsabilidad y el compromiso, pero sin dejar de lado un término mayor: el rigor científico y técnico.
La ciencia y la tecnología son claves para el desarrollo de nuestro país y del mundo, e inciden en todos los aspectos de nuestra vida. Desde un médico que cuida nuestra salud o un científico que trabaja para conseguir una vacuna, hasta un tomador de decisión que consulta con un plantel de expertos para establecer reglamentaciones. Todo se basa en ciencia y tecnología, y la actividad agropecuaria no es la excepción.
Guiados por la ciencia y la técnica es que los profesionales agrónomos debemos ejecutar nuestra actividad, a través de las buenas prácticas agrícolas (BPA), para garantizar el cuidado de las personas y el ambiente.
Un claro ejemplo de lo mencionado es el documento de divulgación técnica recientemente publicado por el Instituto Internacional de Ciencias de la Vida (ILSI por sus siglas en inglés), que aporta información para las regulaciones provinciales y municipales sobre aplicaciones periurbanas. El trabajo denominado “Buenas Prácticas de Aplicación de Productos Fitosanitarios (BPAF) con énfasis en entornos periurbanos” aborda con consistencia técnica un tema sensible que requiere un trabajo exhaustivo y comprometido por parte de todos los actores de la cadena.
El documento es un análisis de la experiencia de buenas prácticas de aplicación de fitosanitarios en 39 jornadas realizadas en 34 localidades pertenecientes a diferentes zonas agroecológicas de nuestro país en condiciones ambientales muy diversas y las derivas promedio fueron de 9,7 m para aplicaciones terrestres y 45 m para aplicaciones aéreas.
Sus principales hallazgos son que la adopción de las BPAF minimiza la ocurrencia de derivas, preservando así la seguridad de las comunidades aledañas.
Asimismo, reconoce que las zonas de amortiguamiento, donde se pueden realizar aplicaciones de agroquímicos controladas por un profesional y respetando otros puntos descritos en el anexo del documento, propician un equilibrio entre la producción y el cuidado del ambiente y las personas, a diferencia de las zonas de exclusión, donde no se permite la aplicación de ningún fitosanitario. Estas últimas, producto del abandono, pueden generar espacios para el desarrollo de insectos, malezas, enfermedades, basurales y resguardo para animales que afectan la productividad y bienestar de las áreas vecinas.
El documento da cuenta de la necesidad de un ordenamiento territorial que establezca los límites entre el área urbana y rural, junto con la creación de ámbitos de diálogo locales entre distintos actores, para propiciar acuerdos sustentables en la comunidad.
Las buenas prácticas agrícolas propician el equilibro entre la productividad y el cuidado de las personas y el ambiente. La responsabilidad y el compromiso en el trabajo agropecuario basado en rigor científico-técnico han logrado que la agricultura sustentable pase de ser una utopía a un hecho. (fuente Casafe/Infocampo)