Sectores de la agroindustria vienen planteando que la cuestión impositiva es central para proyectar la competitividad de un país, y fundamentalmente para el desarrollo de la actividad de las pymes.
El reciente acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea permitirá tener un acceso preferencial de muchos productos a un mercado de enorme poder adquisitivo. Pero para aprovechar esta oportunidad será esencial enfrentar los enormes desafíos que plantea resolver las cuestiones internas que están ligadas a solucionar los problemas de competitividad.
Y en ese sentido, los impuestos son esenciales, ya que una baja de los mismos permitirá producir y exportar más; y sobre todo, aumentar los niveles de empleo.
El último informe que elaboró la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA) refleja que en junio el 56,9% de la renta agrícola se quedó en poder de los gobiernos nacional, municipal y provincial. Esto significa que de cada 100 pesos que produce una hectárea agrícola, $56,90 son impuestos que recauda el Estado.
Al momento de realizar las comparaciones, el índice de junio es menor al de marzo, que fue del 60,9%, pero es superior al de junio del año pasado, que alcanzó el 55,8%.
Mientras que el promedio ponderado para cada uno de los cultivos a nivel nacional es de 56,9%, el estado tiene una participación en la soja del 65,3%, en el maíz del 46,4%, en trigo del 50,1% y en girasol del 70,1%.
Según el economista jefe de FADA, David Miazzo, «las diferencias entre cada cultivo son por los impuestos, que en el caso de la soja que tiene 18% más de derechos de exportación que el resto, y por la renta que genera cada cultivo: a menor rentabilidad mayor participación relativa de los impuestos».