La información publicada en el diario La Capital de hoy, sostiene que el gobierno santafesino, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, denunció irregularidades en la venta de inmuebles en Venado Tuerto, San Eduardo, Maggiolo.
Así el Registro General de la Propiedad detectó operaciones inmobiliarias concretadas con documentos apócrifos con el presunto objetivo de quedarse con campos y propiedades. Se estima que la estafa rondaría los 200 millones de pesos.
La semana pasada, el subsecretario de Asuntos Registrales, Matías Figueroa Escauriza, presentó dos denuncias ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA). Dentro de la órbita de la subsecretaría que encabeza el funcionario se encuentra el Registro General de la Propiedad, área provincial encargada de garantizar la seguridad jurídica de los inmuebles, entre otras tareas, que fue donde se detectó esta maniobra fraudulenta.
El procedimiento utilizado puso en alerta a los funcionarios y comenzó una tarea investigativa en la administración provincial que arrojó sus frutos. “A través de un documento apócrifo, en el cual el dueño original de la propiedad autorizaba a un tercero a venderla, se hacía la transacción. En esta ocasión, empleados del Registro de la Propiedad detectaron algunas irregularidades en torno a los documentos presentados, y por eso no dudamos en denunciar este hecho y ahora será el MPA quien deberá investigar esta situación“, explicó Figueroa Escauriza.
En la denuncia presentada, el funcionario provincial argumentó que “se habrían llevado a cabo conductas que afectarían a la administración pública, a la fe pública registral, al derecho de propiedad y al orden socioeconómico”.
En dicha acusación hecha por el Ejecutivo no se formuló ninguna imputación, entendiendo que el MPA deberá ser quien determine o individualice a los autores, coautores, partícipes y/o encubridores de los hechos advertidos.
“El gobernador Miguel Lifschitz nos ha encomendado la tarea de resguardar la seguridad jurídica de los inmuebles de todos los santafesinos”, dijo el funcionario.
En rigor, estas reparticiones provinciales colaboraron activamente con las investigaciones llevadas adelante por el MPA.
Conjuntamente, el subsecretario de Asuntos Registrales destacó que el trabajo lo llevaron adelante los empleados del Registro de la Propiedad, que actuaron tras la presentación de un escrito por parte de la abogada de uno de los damnificados.
Eso fue lo que inició una profunda tarea investigativa que involucró el análisis de diversas documentaciones, que habrían perseguido el fin de concretar la presunta estafa.
“Hay que destacar el proceso de modernización y digitalización que venimos llevando adelante en el área, lo que nos permitió poder conseguir rápidamente la información y realizar las investigaciones administrativas que nos corresponden como funcionarios públicos, de las que surgieron varios episodios y maniobras similares, vinculados con distintas propiedades, todas en el sur de la provincia”, remarcó.
En este caso, las propiedades involucradas son tres lotes de terreno de campo ubicados en las localidades de San Eduardo, Maggiolo y Venado Tuerto, y seis inmuebles ubicados en Venado Tuerto, dentro del departamento General López.
Por último, Figueroa Escauriza aseguró que acompañó la denuncia presentada en Fiscalía con las copias de todos los legajos presuntamente falsificados, para que sean examinados. El funcionario solicitó al MPA que determinen las responsabilidades penales que puedan caber.
Por otra parte, desde la fiscalía local confirmaron que están investigando una posible megaestafa inmobiliaria similar a la denunciada por la provincia.
El fiscal, Juan Pablo Lavini Rosset, confirmó a Venado 24 que se encuentra investigando desde hace unos meses una serie de casos similares a los denunciados en los últimos días por el gobierno provincial. De hecho informó que a su pedido el último viernes se realizó una audiencia cautelar presidida por el juez, Benjamín Révori, donde se definió no avanzar en la ventas de sietes inmuebles dado la posible existencias de escrituras apócrifas.
Al respecto Lavini Rosset, destacó que no se dio a conocer públicamente los avances de la investigación realizada en la fiscalía local, para evitar el entorpecimiento de la misma. Es que el funcionario judicial, recordó que en la causa se encuentran implicados una importante cantidad de personas (entre ellos algunos profesionales reconocidos de la ciudad y la región). “Los casos son complicados, nosotros tenemos siete causas individuales que podrían formar parte de una misma asociación ilícita, pero por ahora no tenemos datos certeros que nos permita vincularlos y dar a conocer detalles solo entorpecería la investigación”.
Aunque luego aclaró que en las siete causas se repiten los nombres de las personas involucradas. “Existen una cadenas de transferencias de las propiedades que llegan a adquirentes que no sabemos que son compradores de buena fe y por eso se inició la cautelar”, agregó.
De todos modos, Lavini Rosset, dijo que el avance de las causas es lento debido a la complejidad y la naturaleza del posible delito. “Nosotros venimos reclamando tener en esta ciudad una unidad de delitos complejos para poder realizar este tipo de investigaciones”, acotó.
También agregó que en los últimos días pidió la realización de pericias caligráficas para evaluar la veracidad de las firmas de algunos documentos.
Finalmente, consultado sobre si había sido notificado de la denuncia de la provincia, respondió: “Todavía no, pero seguramente sucederá en las próximas horas” y aclaró que ambas investigaciones podrán realizarse en forma conjunta. Es más resaltó: “seguramente la denuncia realizada en la Fiscalía General que nos la derivarán a nosotros en los próximos días posibilitará acelerar lo que nosotros estamos haciendo acá”.
La denuncia provincial
Cabe recordar que el domingo trascendió por una nota publicada en el diario La Capital, que el gobierno santafesino, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, denunció irregularidades en la venta de inmuebles en la región.
Se trataría de una nueva presunta estafa inmobiliaria con la venta de campos en el sur provincial y otras seis propiedades por un valor estimado de 200 millones de pesos. Fue en una operatoria por intentar quedarse con casi 500 hectáreas de tres lotes de campo en San Eduardo, Maggiolo y Venado Tuerto. En la escritura de transferencia se cita al escribano bonaerense Horacio Jorge Murcho, pero mediante un poder apócrifo. Dicho documento de venta se fechó en 2001, pero Murcho dejó de ser escribano en 1998. En los casos de los seis inmuebles en Venado Tuerto, varios notarios quisieron inscribir las mismas propiedades a la vez en el Registro de la Propiedad, lo que activó las sospechas.
Lo cierto es que una minuciosa investigación administrativa del Registro General de la Propiedad detectó irregularidades de tal envergadura que terminaron en una denuncia ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA).
Las presentaciones hechas por los funcionarios del gobierno provincial fechadas el 23 y 25 de agosto pasado las que pusieron en conocimiento de la Justicia la presencia de documental irregular que podría derivar en una aparente maniobra fraudulenta por 200 millones de pesos.
FUENTE: VENADO24