El senador provincial Lisandro Enrico insiste al gobierno para que se trate su proyecto de Ley sobre el control de “Canales Clandestinos”, que cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores desde 22 de octubre de 2015, y se encuentra en la Cámara de Diputados a la espera de una resolución definitiva.
La propuesta de Enrico establece un mecanismo de sanción para los casos de obras hídricas irregulares, desarrolladas sin autorización de los ministerios pertinentes: “Nuestra provincia actualmente no tiene una legislación específica que haga un control, emita una sanción y permita medidas de acción por parte del gobierno provincial o comunal, ante la construcción de una obra que genere inconvenientes o efectos negativos sobre el natural escurrimiento de aguas”, manifestó el senador.
En ese sentido, el senador Enrico citó ejemplos de acciones a evitar según la nueva ley: la construcción de canales para desaguar bajos y conducir el líquido hacia propiedades privadas o rutas-calles públicas; las realización de terraplenes no autorizados que impiden el escurrimiento natural del agua; la saturación de conductos regionales, diseñados para el drenaje y control de una cantidad calculada de metros cúbicos.
El legislador en relación a las gravitaciones generadas por las obras hídricas irregulares, puntualizó: “No son la causa principal del problema, pero es un factor que contribuye al desorden hídrico de la región. Santa Fe hoy es una provincia que carece de una legislación firme para poder tomar medidas ante estos hechos”.
La normativa aprobada en el recinto del senado establece, por un lado la posibilidad de que el gobierno santafesino pueda interponerse, y además, le habilita elementos legales al gobierno comunal para tomar medidas concretas ante una obra artificial detectada. De hecho, si los resultados del canal descubierto arrojan consecuencias graves y la situación demanda intervenciones urgentes; las comunas y municipios podrán demoler, destapar, abrir y subsanar efectos en predios particulares.
Otra atribución asignada a las autoridades locales será actuar en conjunto con la policía local y secuestrar objetos vinculados a estas construcciones irregulares. A su vez, la situación nos lleva a idealizar un sistema de sanciones más específico, que por ahora no existe. Hasta el momento lo que hay es un mecanismo de mediación a través de informes técnicos, cuyo proceso de resolución es lento y la realidad exige respuestas rápidas.
El proyecto necesita ser tratado antes de mayo porque corre riesgo de perder estado parlamentario. Por ello, Enrico le solicitó al gobernador Miguel Lifschitz, la habilitación para tratarlo en sesiones extraordinarias, y seguir trabajando a efectos de que los diputados confirme la iniciativa.
El legislador departamental declaró: “No es una solución definitiva, es una ley, un primer paso para ir marcando pautas. Si se aplica la ley, podremos evidenciar que se labrarán sanciones ejemplares a quienes ejecuten irregularidades”.
“Otro punto importante, es que el proyecto también establezca que sean pasible de multa- sanción las empresas o personas dueñas de las maquinarias que construyen obras irregulares; es decir, a través del proyecto de Ley pretendemos penar al dueño o inquilino del campo, como así también, al chofer del equipo o propietario del mismo, porque consideramos que ambas partes son responsables del daño”, finalizó el senador provincial Lisandro Enrico.
