Ex directivos y funcionarios del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) solicitaron resistir «la política de ajuste y achicamiento implementada por la administración de Mauricio Macri para el organismo», que según indicaron, debe mantener su rol de «Política de Estado».
Este reclamo fue realizado a través de una carta que pondera «la revalorización institucional del INTA» y que acompaña la firma ex presidentes y otros directivos de peso dentro de la entidad como Jorge Amaya, Carlos Casamiquela, Carlos Cheppi, Ana Cipolla, Carlos Alemany, Roberto Bocchetto, Roberto Cittadini, Oscar Costamagna, Julio Elverdin, Carlos Torres, Néstor Oliveri y Carlos Paz, entre otros.
Para los firmantes, acciones tales como «la falta de presupuesto, la reducción de beneficios en el escalafón, la deslocalización del ámbito de trabajo de la agricultura familiar, el cierre de agencias de extensión, y la supresión y/o fragmentación de áreas de las ciencias sociales, sin la debida consulta a los estamentos políticos e institucionales, abren nuevos interrogantes sobre retrocesos y condicionamientos a la trayectoria colectiva, social y política institucional del INTA».
Además, los firmantes de la carta manifestaron: «Se confunden y/o desvirtúan las funciones de decisión transformándolas en procesos de intervención priorizando las políticas de ajuste y achicamiento sobre las políticas de Estado que deben fundamentar el largo plazo».
Con esta argumentación, más de una veintena de ex funcionarios del INTA convocaron e instaron a la acción de todos los estamentos de conducción institucional, «a ser custodios de la trayectoria histórica de la institución y de la lógica colectiva de su transformación presente y futura».
El reclamo cursado por los ex directivos toma distancia de la propuesta de «reestructuración y ordenamiento» promovido por la gestión actual del presidente del INTA, Juan Balbín, quien con apoyo del actual Consejo Directivo del organismo dispuso el cierre de varias estaciones de extensión y buena parte de los denominados IPAF o institutos destinados a proyectos específicos de la agricultura familiar.
Si bien desde la cúpula de INTA se buscó evitar el despido de personal, sí se avanzó con la política de reordenamiento institucional, a instancias de encarar un recorte presupuestario en varias áreas.
Este tipo de política fue objetada por los ex directivos. Allí se plantea que los cambios propuestos por la gestión de Juan Balbín, deriva en «ajustes presupuestarios y modificaciones estructurales en el INTA, que debilitan y comprometen su aporte futuro al desarrollo nacional, regional y territorial del país».