La semana pasada, a través del Decreto 0020/22, el gobierno santafesino declaró el estado de Emergencia y/o Desastre Agropecuario desde el 1 de enero de 2022 hasta el 30 de junio de 2022 para las explotaciones agrícolas extensivas y a la ganadería en general, afectadas por sequía, que se encuentran ubicadas en la totalidad de los distritos de todos los departamentos de la Provincia de Santa Fe, excepto los del Departamento General López.
Sobre este tema Pueblo Regional dialogó con el ministro de Producción, Ciencia y Tecnología, Daniel Costamagna, quien sobre el caso puntual del Departamento General López señaló: “Esto es una cuestión jurídica administrativa, ya que no se puede generar un decreto que contemple al Departamento porque éste tiene una ley que va hasta el 21 de diciembre de 2022 y que tiene que ver con los recursos hídricos. Legalmente no se puede generar un decreto salvo que se derogue esa ley, yo entiendo que en el momento que la Legislatura esté en funciones, si se deroga la ley, se puede incorporar con un nuevo decreto, pero mientras está la ley vigente esto es imposible. Es decir, que no se puede exceptuar a algo que ya está exceptuado”.
En pocas palabras lo que señala Costamagna es que en la actualidad rige en el Departamento una ley de Emergencia por excesos hídricos a solicitud del senador Lisandro Enrico, y mientras esté vigente no se puede implementar otra medida de similar tenor, pero por sequía.
Pérdidas por sequía
El funcionario provincial describió que las pérdidas directas en la provincia por daños en los cultivos de maíz y soja sería de 73.000 millones de pesos; mientras que los cultivos de cosecha o para reservas forrajeras están siendo afectados por estrés térmico e hídrico. En tanto, en la ganadería de carne y leche también el impacto es negativo.
“Entre las actividades más afectadas por esta sequía, encontramos la agricultura, con la producción de maíz, arroz y soja; eso llevó a una disminución del área sembrada, a un incremento de costos de producción debido a resiembra, incremento en el uso de herbicidas, fertilizantes y combustibles. Asimismo, la merma de rendimiento y la pérdida de calidad comercial”, graficó el ministro.
Por otra parte, informó que “se vio afectada la ganadería de carne, que tuvo como consecuencia la pérdida de pastizales naturales y pasturas; de forrajes conservados. También la escasa disponibilidad de agua para abrevadero de animales. Además, el requerimiento de suplementación para mantener la producción, la disminución de la condición corporal en los rodeos de cría y la posterior afectación en los índices reproductivos”.
Según explicó Costamagna “este panorama llevó a que se tome la decisión de dictar la emergencia luego de la visita del ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Julián Domínguez, quien el sábado 15 de enero, acompañado por el gobernador Omar Perotti, recorrió algunos de los establecimientos rurales más afectados por este fenómeno”.
Al mismo tiempo se realizó una reunión de la Comisión Provincial de Emergencia Agropecuaria, “ámbito consultivo que asesora al Poder Ejecutivo y sugiere los pasos a seguir en cada caso, y que luego analizó el impacto que ha tenido la falta de precipitaciones y las altas temperaturas en la producción santafesina y, a partir de dicho diagnóstico, se planificaron medidas a adoptar para paliar sus consecuencias”.
El funcionario aseguró que “vamos a trabajar muy fuerte, tenemos el consenso de las entidades del campo, como así también de los legisladores presentes que son los responsables en la Legislatura de llevar estos proyectos adelante”.
Declaración de Emergencia
La emergencia abarca desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2022 a las explotaciones agrícolas extensivas y a la ganadería en general, afectadas por la sequía.
Según informó el ministro, la medida “se extenderá inicialmente hasta mediados de marzo, ya que es el período en el que todos los productores damnificados pueden presentar su solicitud. Lo que se hizo fue homologar el decreto que firmó el gobernador a nivel nacional, lo que permitirá gestionar los aportes del Fondo Nacional Ampliado de Emergencia. A partir de ahí se genera todo el esquema de administración y de gestión a través de las Asociaciones para el Desarrollo, pero previamente los productores deberán entregar la declaración jurada con la firma de un corresponsal agronómico y/o veterinario de acuerdo a la actividad”.
En la misma línea explicó que “luego se van a analizar y ubicar los campos a fin de observar la realidad de cada uno de ellos, también se harán presentes nuestros ingenieros agrónomos, pertenecientes al Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología e INTA, con el objetivo de ver la evolución. Además, el decreto prorroga el vencimiento de las cuotas 1, 2 y 3 de los impuestos inmobiliarios rural y urbano, a los productores que posean certificados de emergencia agropecuaria”. (fuente Pueblo Regional)