Lamentablemente, informar sobre incendios en zonas rurales dejó de ser una novedad para los medios de Córdoba. Con la contribución del clima y los vientos, miles de hectáreas se queman de manera sistemática cada año, lo que implica pérdidas muchas veces irreparables para los ecosistemas de la provincia.
Solamente en 2020, uno de los peores años de los últimos tiempos, se quemaron en Córdoba 350 mil hectáreas.
El arco noroeste, un sector donde se conjugan bosques nativos, una gran biodiversidad y explotaciones ganaderas, se encuentra, según productores y expertos, bajo amenaza constante del fuego. Señalan que la normativa vigente no permite hacer un mantenimiento adecuado para prevenir las llamas.
Sociedades rurales del norte cordobés, entre ellas, la de Jesús María, prepararon un informe en el que consignan las dificultades que emergen de la Ley 9.814 (ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la Provincia de Córdoba) para poder prevenir y combatir incendios rurales.
Concretamente, afirman que la restricción de uso del suelo impide realizar acciones que podrían ayudar a evitar el fuego, como por ejemplo ganadería integrada. “El ganado bovino ingiere el pasto natural que es combustible para el fuego. Los llaman ‘bomberos naturales’. Y al no poder hacer ganadería y controlar las pasturas, el material seco se va acumulando. Y cuando llega el fuego, eso es nafta”, señaló un experto que trabajó en el informe que se presentará al público en los próximos días y en el cual se mostrará las zonas que se queman con mayor frecuencia.
La falta de infraestructura también conspira, pues obstaculiza el trabajo de los bomberos, denuncian productores.
“Estamos viendo que se queman bosques nativos, pero también se queman casas y campos de productores. Ocurre desde hace muchos años y no logramos darle una solución de prevención”, agregó un experto que conoce la zona como pocos.
La limpieza de las picadas perimetrales, picadas internas y fajas cortafuego, obligatorios según la normativa bajo aplicación de la Secretaría de Ambiente de Córdoba, configuran herramientas para evitar los desastres que ocasiona al fuego.
Sin embargo, las sociedades rurales del noroeste consideran que la cartera provincial debería ir más allá y considerar cambios. “Hacer picadas en campos que tienen algo de desarrollo es posible. Ahora, en aquellos que están totalmente cerrados y que no producen nada, limpiar una picada es caro. El productor debe tener algún rédito económico para hacerlo. Si no, lo que ocurre es que esa picada que queda cerrada es material combustible y cuando viene un fuego es imposible de parar. Por eso llega a las interfases, a las casas y a los campos de otros productores vecinos”, sostuvo un productor interesado en el tema, quien afirmó que “no hubo respuesta de Ambiente a nuestros planteos”.
También hay quejas por el cobro de impuestos sobre espacios donde está impedido producir, lo que termina ocasionando abandono y, en consecuencia, aumenta el riesgo de incendios.
El titular del Foro Ambiental Córdoba, Alejandro Kopta, sostuvo que en la práctica existen porciones de zonas rojas donde se realiza producción ganadera y ello no necesariamente previene incendios. “En la medida en que el bosque va creciendo vas teniendo un material combustible distinto. En la pretensión de hacer pasturas o de hacer amarillo el rojo estás cambiando pasturas. Cuando intervenís el bosque varias la composición del combustible. Cuando se habla de ganadería se habla de favorecer las herbáceas y con ello, el combustible que acelera el fuego”, señaló.
“El aspecto rojo es fundamental para seguir conservando el bosque”, sentenció.
Las zonas del mapa
Según la llamada “ley de bosques”, en Córdoba existen 2.393.791 hectáreas pertenecientes a la Categoría 1, que suele pintarse de rojo y que corresponde a un área de alto valor de conservación. Esta amerita protección por sus valores biológicos destacados y cuencas. Representa el 82% del total de superficie de bosques.
La Categoría 2 (amarillo), en tanto, incluye áreas con mediano valor de conservación “que pueden estar degradadas o en recuperación, pero que con restauración pueden adquirir un elevado valor de conservación”. Son 530,194 hectáreas, el 18% del total.
Según el informe que preparan las sociedades rurales del noroeste, desde 2010, año de la creación de la ley, se incendiaron un millón de hectáreas. El 75% corresponde a bosques Categorías 1 y 2: el 50% en zonas amarillas y el 25% en zonas rojas.
Otro de los cuestionamientos de los productores del noroeste es que el Mapa de Ordenamiento Territorial no se actualiza desde la creación de la ley, en 2010, algo que debería hacerse cada cinco años. “Están legislando con un mapa que no es real, que donde dice que hay monte no hay ningún monte. Y eso impide trabajar porque cualquier acción está fuera de la ley. Los campos donde sí se puede trabajar se terminan prendiendo fuego por los otros campos donde no se puede hacer prevención”, señaló otro productor.
Kopta está de acuerdo con esta consideración. No obstante señala: “El punto es con qué criterio se actualiza y en beneficio de quién”.
Una de las quejas que subyace es que los recursos para conservación de bosques que provienen de la Nación muchas veces se dirigen a movimientos ambientalistas, mientras que los productores rurales reciben una porción menor “siendo que ambos tratamos de cuidar el medioambiente”, señalaron.
“Córdoba nunca manejó bien el tema bosques nativos. Como no mueve la aguja en el tema electoral, no es un problema para la política”, criticó un productor y dirigente rural.
Un experto en derecho ambiental que suele trabajar estos temas sostuvo que para Córdoba el ordenamiento territorial “es una deuda eterna”.
Señaló que existen discusiones entre las distintas entidades rurales y las autoridades de la provincia desde el momento en que se creó la mencionada ley.
“Lo más grave es que cuando se hizo el mapa no se realizó con criterios como la posibilidad de un incendio o el arraigo de la gente de la zona. Si hay riesgo de fuego no sirve de nada. Tenemos que lograr un equilibrio”, indicó. (fuente AgroVoz)