Con lluvias abundantes en las últimas semanas, el 33 por ciento de la superficie productiva del departamento de Marcos Juárez (sudeste de esta provincia) está anegado.
La situación implica un aumento de entre 10 y 15 por ciento en la cantidad de hectáreas afectadas respecto de mediados de enero pasado. Las tierras afectadas están entre las más caras del país, algunas de las cuales se cotizan a 20.000 dólares promedio la hectárea.
Sólo el viernes pasado cayeron entre 100 y 120 milímetros en una vasta zona del departamento, con lo que algunos campos bajos que habían logrado desagotar a principios de año quedaron nuevamente bajo el agua.
CAMINOS ESTÁN «INTRANSITABLES»
Los caminos están «intransitables, plantean los productores, quienes advierten que ya hay pérdidas importantes en la cosecha del maíz de primera y que, con una lluvia más, se complicará la de soja, cuya definición de rendimientos está a punto de comenzar.
Una estimación de pérdidas elaborada por la Asociación de Productores Rurales de Marcos Juárez a la que tuvo acceso LA NACION calcula que dejarán de ingresar en la región unos 400 millones de pesos por la caída de producción ganadera, tambera y agrícola.
«Además de nuestras economías individuales, el impacto será muy fuerte para los pueblos del interior. Es un problema que no será simple revertir», explicó Hugo Biga, presidente de la institución. Desde comienzos de año hasta hoy se sucedieron las reuniones con funcionarios y se instrumentaron los Comités de Cuenca, pero no se avanzó en trabajos concretos para mitigar el daño provocado por el exceso de lluvias.
Hace meses que las organizaciones vienen reclamando que se arregle el canal aliviador de la cuenca del San Antonio, que del lado cordobés no funciona. Admiten que no sería una solución, pero sí un paliativo que «ayudaría a desagotar» campos.
En los últimos encuentros con ministros de Córdoba y Santa Fe, impulsaron que se reactivara un proyecto de dragado y navegabilidad del río Carcarañá. Fue presentado en 2011 por el entonces senador santafecino y hoy gobernador Miguel Lifschitz y cuenta con estudio de factibilidad. La propuesta generó el rechazo de grupos ecologistas de Casilda por el posible impacto ambiental sobre la región.
Era previsible
El técnico Pablo Bollati del INTA Marcos Juárez (Grupo Napas), explicó a LA NACION que el problema de inundaciones es de larga data, pero «nunca integró la agenda de políticas públicas que deberían haber fomentado el doble cultivo anual y las pasturas perennes. Con más lluvias, la capa freática llegó a la superficie; era previsible».
Insistió en que la solución debe ser «integral» y en que «de ninguna manera» se puede pensar que en unos meses la región estará «a salvo». Desde que a fines del año pasado los anegamientos empeoraron «lo que se hizo es prácticamente nada, ni siquiera la limpieza completa de un canal que requiere tiempo e inversión, pero hay que empezar». Los gobiernos nacional y provincial declararon la emergencia agropecuaria para la zona sur y sudeste de Córdoba, pero en función de la profundización de los problemas y de que hay campos anegados hace más de un año los productores reclaman bajar el volumen de afectación del 50 al 25 por ciento y directamente condonar el Inmobiliario rural.
OBRAS HIDRÁULICAS
La norma extiende la prórroga para el pago del tributo del 1° de enero hasta el 30 de junio para productores agrícolas, mientras que para ganaderos y tamberos es hasta el 31 de diciembre. Desde el gobierno señalaron que hacen el «máximo» aporte posible y que están trabajando en las soluciones de obras hidráulicas.
Otro sector afectado es el de los tamberos, ya que a la crisis que viene atravesando la actividad se suma la del anegamiento de sus campos.
Los productores lecheros dicen que sus vacas no se están alimentando adecuadamente por los daños en las pasturas.