De la incredulidad a la decepción y de allí a planear una estrategia defensiva. El Gobierno reaccionó con una mueca de desagrado a la decisión del Departamento de Comercio norteamericano, que subió de manera provisoria del 4,5% al 57% en promedio los aranceles a la exportación de biodiésel.
Fuentes del Ministerio de Producción y la Cancillería reconocieron a LA NACION que la Casa Rosada «esperaba» una resolución en estos días a la denuncia contra el país por presunto dumping y el otorgamiento de subsidios a los productores de biodiésel, que representa el 25% de las exportaciones totales de la Argentina a los Estados Unidos. Pero no creían que el porcentaje de aumento provisorio llegara finalmente a ese extremo, que hace que la producción argentina «deje de ser competitiva», según definió un funcionario. «Primero hay que aclarar que es el sector privado, y no el gobierno norteamericano, el que denunció al país. Pero los porcentajes son llamativamente altos», afirmó un alto funcionario argentino que, al igual que otros consultados por LA NACION, prefirió hablar off the record.
Los funcionarios recordaron que la Organización Mundial de Comercio (OMC) consideró injustificado el reclamo contra la Argentina y que la Unión Europea hizo lo propio en un diferendo contra los productores de soja. «Vamos a seguir defendiendo nuestra posición, que es clara: no se está subsidiando la producción de biodiésel», remató un secretario.
Aún sorprendidos por la novedad, que se produce una semana después de la visita del vicepresidente norteamericano, Mike Pence, y su encuentro con el presidente Mauricio Macri, en el Gobierno pensaban en una doble estrategia: en primer lugar apelar al buen vínculo entre Macri y la administración de Donald Trump para morigerar los alcances de la medida. «Se abre una instancia más política, habrá que ver si aparecen las soluciones por ese lado», afirmaron en la Cancillería. Los mecanismos que la legislación norteamericana prevé para estos casos serían la llave para lograr un acuerdo que limite los perjuicios que la medida le trae al país, afirmaron fuentes oficiales.
Por otro lado, el Gobierno apuesta a la apertura de mercados que traería consigo un amplio acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, previsto para diciembre próximo. Sería una solución a «mediano plazo», coinciden los funcionarios.
La decepción, de todos modos, era palpable. En el Gobierno recordaban que hace sólo diez días una misión integrada por el ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile; el secretario de Comercio, Miguel Braun, y el secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, Horacio Reyser, mantuvo reuniones en el Departamento de Agricultura y el Departamento de Comercio con el fin de acelerar contactos y mejorar las relaciones con vistas a incrementar inversiones. «No es positivo, claramente, pero vamos a seguir con nuestra postura. Y evaluando otros pasos para defender nuestra producción», sentenciaron en el Gobierno.
Fuente: La Nación