Monsanto -ahora controlada por Bayer- desistió del juicio contencioso administrativo (demanda de ilegitimidad) que había iniciado contra la Municipalidad de Río Cuarto por el decreto que le impidió instalar, en 2013, un centro de experimentación con semillas. De esta manera queda en firme la decisión del entonces intendente Juan Jure. LA NACION consultó a la empresa sobre el tema, pero allí se excusaron de «hacer ningún comentario».
El fiscal municipal Julián Oberti confirmó que recibió la notificación de la decisión de los representantes legales de la empresa. «Así se da por concluido el proceso y, a la vez, se impide a la firma la posibilidad de poder volver a reclamar en el futuro por la misma causa», aclaró.
Juan Manuel Llamosas, el intendente que sucedió a Jure, mantuvo la misma posición a pesar de que ambos son de distinto partido. El actual es del peronismo y el anterior de la UCR.
En 2017, un fallo del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba permitió a la multinacional a ir a juicio contra el municipio. El organismo rechazó dos recursos presentados por la administración local.
El decreto de noviembre de 2013 establece que el rechazo se produce atento a la «preocupación» de distintas instituciones de la ciudad por «la habilitación solicitada por Monsanto Argentina» y menciona que «se han escuchado en diversas audiencias y reuniones a diferentes sectores sociales que han contribuido con su participación, efectuando aportes importantes a la hora de valorar el interés público comprometido».
Jure también consideró el estudio de impacto ambiental efectuado por la Dirección de Zoonosis y Ambiente del Ente Descentralizado de Control Municipal, el informe de la Secretaría de Planificación y Desarrollo Sustentable y el dictamen jurídico previo de la Fiscalía Municipal. Aconsejaron no habilitar a la empresa.
La intención de Monsanto era instalar un «centro de investigación y mejoramiento de variedades de soja e híbridos de maíz, anexo depósito de agroquímicos y maquinarias agrícolas». La empresa siempre sostuvo que la tarea a desarrollar era técnica, sin impacto ambiental.
En Córdoba, la multinacional tampoco logró ejecutar una inversión en Malvinas Argentinas (muy cerca de la capital provincial). Proyectó una planta de procesamiento de maíz pero la resistencia de los vecinos, junto a activistas ambientales de varios puntos del país, hizo que terminara vendiendo el terreno.