El conflicto por el reconocimiento a la propiedad intelectual en la semilla de soja sumó una nueva polémica, ahora, por los resultados preliminares de un registro donde los productores tenían que declarar el origen de la semilla que utilizaron en esta campaña.
10% DEL ÁREA TOTAL CON SOJA
Ayer, el presidente de la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA), Alfredo Paseyro, anticipó que desde el Instituto Nacional de Semillas (Inase) les habían informado que, por el registro de usuarios de semilla de soja -un programa que obligó a los productores a detallar como declaración jurada de dónde sacaron su semilla y las hectáreas cubierta-, habían cumplimentado vía online ese paso 4025 productores que representaban poco más de dos millones de hectáreas. En superficie eso es apenas 10% del área total con soja, que alcanza a 20 millones de hectáreas.
El plazo para informar online venció el jueves pasado. Pero, según la información que recibió ASA, hubo entre 1000 y 1200 productores que acercaron un formulario escrito cuya superficie involucrada aún no estaba computada.
«Como iniciativa es lo mejor que pasó en los últimos años para tener información de declaración jurada«, dijo Paseyro sobre la normativa, aunque admitió que el porcentaje declarado no representaba «un éxito». Luego acotó: «Vamos a dejar que el Inase procese la información«.
Ante los datos que brindó el presidente de ASA, LA NACION quiso obtener más información en el Inase. Pero desde allí una fuente salió al cruce de lo adelantado por Paseyro. «Eso no se acerca a la realidad», dijo. Y luego insistió, ante otro pedido para confirmar los datos ofrecidos por el ejecutivo: «Ésos no son los datos; todavía se sigue procesando; el número final no lo tenemos«.
En este contexto, en un documento ASA reclamó ayer «el reconocimiento y respeto de lapropiedad intelectual«. Paseyro señaló que la industria semillera perdió 12% de su empleo en el último tiempo y lo atribuyó, «en parte», al conflicto en esta materia. «No podemos pensar en una industria que se desarrolle si no tenemos previsibilidad», dijo el ejecutivo, que reclamó al Estado «señales de avanzar en una normativa» en semillas.
Para los empresarios semilleros en soja el año pasado el 15% del área se hizo con semilla fiscalizada. El 85% restante comprendería uso propio contemplado en la ley de semillas, uso propio que no se ajusta a la ley y, por último, el mercado ilegal, que movería US$ 225 millones.