El Ministerio de Agricultura creó un fondo paralelo para atender las contingencias climáticas padecidas por pequeños productores agropecuarios, ya que se entiende que los mismos no son alcanzados por le Ley Nacional de Emergencia Agropecuaria que está en vigencia.
El viernes se publicó en el Boletín Oficial la Resolución 138/20, que crea un fondo específico de 30 millones de pesos en paralelo a los 500 millones de pesos que se manejan desde el Ministerio de Agricultura para atender los casos de emergencia agropecuaria por razones climáticas en el agro local.
La normativa, impulsada por la Secretaría de Agricultura Familiar, crea el denominado Programa de Asistencia Crítica y Directa para la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena. Sus beneficiarios serán “los productores inscriptos en el Renaf (Registro Nacional de la Agricultura Familiar), pero también “las asociaciones de productores cooperativas y comunidades indígenas que posean sus respectivas personerías jurídicas”.
“Mediante dicho programa se impulsa el otorgamiento de aportes no reintegrables en forma directa y oportuna dirigido a un segmento de la sociedad, que al momento de solicitar el mismo, se encuentre afectado por situaciones de riesgo productivo como consecuencia de escenarios ocasionadas por eventos climáticos, sociales o particulares extremos”, estableció la Resolución, que de todos modos no determinó con claridad cuáles serán los criterios para definir en qué condiciones se podrá decidir el envió de ese dinero.
La creación de esta suerte de Fondo de Emergencia Agropecuario paralelo, que se suma al creado por ley actualizada en 2009, fue justificada en que muchas veces los pequeños productores no acceden a los mecanismos previstos en la legislación, y que por lo tanto nunca reciben ayuda frente a las catástrofes climáticas.
“El Ministerio de Agricultura, a través de la Ley 26.509 de Emergencia Agropecuaria, plantea herramientas y recursos en su funcionamiento que deben acreditar una serie de requisitos indispensables que en la mayoría de los casos de los productores del sector no cumplimenta, sumado al hecho de que la incidencia de la pobreza es más elevada en las áreas rurales que en los grandes aglomerados urbanos lo que dificulta el acceso a diversos medios, resultando indirectamente excluidos de algunas políticas públicas existentes”, se afirma en la resolución.
“Asígnase como monto inicial para la implementación y ejecución del Programa, la suma de 30.000.000 pesos”, define la normativa firmada por el ministro Luis Basterra. El dinero saldrá del presupuesto de esa cartera y, se sobreentiende, podrá ser actualizado todos los años”. No sucede lo mismo con el fondo de emergencia creado por ley, que quedó congelada en 500 millones desde 2009, que se han desvalorizado aceleradamente y no pueden actualizarse de no mediar una nueva ley. (fuente Bichos de Campo)