“Se ha decidido cerrar el Fondo Fiduciario para la Recuperación de la Actividad Ovina (FRAO). Este fondo manejaba 3000 millones de pesos por año sin ningún tipo de transparencia. Desde su creación (hace ya más de 20 años) tampoco se pudieron verificar mejoras en el sector”, dijo el vocero presidencial Manual Adorni en su cuenta de X.
La medida fue formalizada en el Boletín Oficial a través de la resolución 650 del Ministerio de Economía. Allí se menciona que “las condiciones” que motivaron la creación del FRAO “no se encuentran dadas en el contexto actual”. Economía agregó en los considerandos de la norma: “Este Ministerio, en concordancia con las políticas públicas que se vienen instrumentando, considera que la continuidad del citado fondo resulta inconveniente en dicho contexto”.
Una de las primeras medidas de ajuste del gobierno de Javier Milei fue el cierre de fideicomisos, argumentando que se trata de mecanismos para manejar de forma discrecional, y sin control, miles de millones de pesos.
El fideicomiso había sido creado por la ley 25.422 de ganadería ovina de 2001. Su artículo 15 fue el que creó el FRAO con los recursos provenientes de las partidas anuales presupuestarias del Tesoro Nacional, donaciones, aportes de organismos internacionales, provinciales y de los productores.
La ley estipuló beneficios como “apoyo económico reintegrable y/o no reintegrable para la ejecución del plan o programa, variable por zona, tamaño de la explotación, tipo de plan o programa y actividad propuesta”. También la financiación total o parcial para la formulación del plan de trabajo o proyecto de inversión de los estudios de base necesarios para su fundamentación.
Quejas desde el sur
Ante la medida, la Federación de Sociedades Rurales de Chubut informó que actualmente existen cerca de 12 millones de cabezas de ganado ovino en Argentina, de las cuales 7 millones están en la Patagonia (casi 60%).
“La Ley Ovina fue creada hace más de 20 años. Nació en la Patagonia, por una suma de 20 millones de dólares, que hoy significaría $20.000 millones. Actualmente estamos hablando de una Ley Ovina que, si la analizamos desde un punto de vista de productores en la Patagonia, solamente significaría 50.000 por productor. Lo que puede financiar no es lo necesario para el sector”, protestó el presidente de la entidad, Osvaldo Luján.
El dirigente advirtió a Ámbito que la situación es compleja en todo el rubro, particularmente en el patagónico. “Tenemos costos de insumos y de la parte salarial que acompañaron a la inflación en forma completa y total, cuando el valor del precio de la lana, que es al precio del dólar oficial, no acompañó a la inflación”, argumentó.
Dijo, además, que la producción ovina sigue estando casi como monocultivo en el sur de la Patagonia: “Dependemos de ciertos parámetros que no hacen al subsidio, sino a que realmente tengamos mecanismos concretos de obtener un precio por el producto. No somos formadores de precios; por el contrario, el precio se dictamina en Australia a través de los remates. Después se transforma acá en un dólar oficial que no es el que corresponde”.
Por otra parte, Luján defendió la transparencia del FRAO y comentó que cada provincia trabaja con un sistema de unidad ejecutora propia, conformada no solo por el sector público local, sino también por organismos técnicos nacionales como el INTA y el Senasa, además de los productores.
“Eso da lugar a una evaluación de los proyectos, que son revisados a nivel nacional y aprobados. Una vez aprobados, los fondos van directamente a los proveedores de insumos. No pasan por provincias ni por ningún productor. Consideramos que la transparencia está asegurada. Para eso se rinden cuentas mensualmente y anualmente a nivel nacional”, detalló el dirigente chubutense.
Además, se refirió a que la medida llegue en medio de una dura crisis climática que golpea al sur del país. “La situación del sector en Chubut es casi la misma que en Santa Cruz. El sur de Chubut tuvo la misma complejidad, con un enorme riesgo de pérdida de casi el 20% de animales en una población de cerca de un millón de ovinos. Todavía estamos en esa lucha de tener acompañamiento de Nación y de provincia para que no se abandone al productor”, concluyó.
Finalmente, el productor ponderó el rol social que cumple la ganadería ovina en la Patagonia, al alentar el poblamiento del territorio, y estimó que en el plano económico genera exportaciones por u$s150 millones. “Las planillas Excel no son de resultados cero únicamente. Hay que ver el análisis de la situación y cuáles son las necesidades de inversión en un campo como el patagónico, donde producir es complejo”, agregó.
Quejas desde el norte
En tanto los productores ovinos de Misiones emitieron un comunicado exponiendo también al vocero, contrastando la información, y aclarando que para ellos incluso son más importantes los subsidios que da la provincia, y además representan una alternativa productiva económica para la región, como opción de reconversión para muchos colonos.
En ese sentido, desde la Sociedad Rural Ovina Caprina Equina y Porcina de Misiones, manifestaron que si bien están convencidos que los subsidios permanentes no funcionan ni son convenientes para impulsar las producciones, “el Fondo Fiduciario para la Recuperación de la Actividad Ovina no determinaba el progreso y desarrollo de la ganadería menor en Misiones, como sí en otras provincias ovejeras. Desde ese fondo en 2023 Misiones recibió un total de $7.845.935 (Ley Ovina) y $765.843 (Ley Caprina) cuyos impactos son insignificantes tanto en ovinos como en caprinos”.
A su vez, remarcaron que los resultados de los remates de ganadería menor en Misiones, “dan cuenta de que la inversión privada generó el verdadero impacto en el crecimiento de la actividad: en 2023 se vendieron 574 cabezas, por un total de $47.789.00 (de los cuales $8.900.000 representan créditos otorgados por el Gobierno de Misiones, lo que es el 18,62% del total facturado anual)”.
Reclamos institucionales
En paralelo, la senadora nacional por Río Negro Silvina García Larraburu (Unión por la Patria) presentó un proyecto de comunicación ante la Cámara alta, en el que considera que “las recientes medidas incluidas en la Ley Bases han afectado negativamente, a través de su sanción, el financiamiento y desarrollo de esta actividad, poniendo en riesgo la sostenibilidad de los productores ovinos y el equilibrio socioeconómico de la región”.
El texto recuerda que en el año 2001 se sancionó la ley 25.422 modificada en 2016 por la ley 27.230, que creó el Régimen para la recuperación de la ganadería ovina, constituyendo un Fondo Fiduciario con el objeto de destinar fondos del presupuesto nacional para recuperar la ganadería ovina nacional, mejorar la infraestructura, aumentar la producción y asegurar la sustentabilidad de la industria ovina.
“Desde su implementación, en abril de 2001, la Ley Ovina ha tenido un impacto significativo de esa industria en Argentina. Ha permitido la financiación de numerosos proyectos que han contribuido a la modernización y sostenibilidad de la producción ovina. Sin embargo, también ha enfrentado desafíos, como la necesidad de asegurar una distribución equitativa de los recursos y la adaptación a las fluctuaciones económicas y climáticas”, apuntó.
Asimismo, García Larraburu apuntó que el presidente Javier Milei realizó diferentes recortes presupuestarios en el sector y que, a través de la sanción de la Ley Bases, impactó directamente en los fondos destinados a la Ley Ovina y en programas de fortalecimiento productivo tales como el Plan Lanar 2 y Prolana, “afectando negativamente los avances logrados en términos de calidad, productividad y sostenibilidad”.
A la par, el senador rionegrino Martín Doñate (UxP), presentó un proyecto para la recomposición de la Ley Ovina. En redes sociales, comentó que el “Frao no existe más, como no existe más la obra pública, el fondo de incentivo docente, los subsidios y tarifas accesibles al transporte y la luz y el gas en Río Negro”. “Que se le suma el aumento de la edad jubilatoria y el fin de la moratoria, el aumento de impuestos a la clase media y trabajadora y la baja de impuestos a los ricos, los tarifazos impagables a comercios, familias e industrias”, se quejó en redes sociales.
El senador peronista denunció que el Gobierno está “destruyendo todo con el apoyo y el voto de gobernadores y legisladores patagónicos que dicen defender a su provincia” y consideró “lamentable” la situación. Aseguró, además, que la Ley Bases trajo “la eliminación de derechos, la destrucción del federalismo y la anulación de programas históricos como la Ley Ovina que permitían que en lugares de enormes dificultades climáticas y alejadas de los centros urbanos se puedan sostener desarrollos productivos y mínimas condiciones de vida”.