Las imágenes de silobolsas vandalizados -en un contexto de mayor incertidumbre en el campo- volvieron a poner en agenda la inseguridad rural, un flagelo que no se tomó descanso a pesar del coronavirus. En ese contexto, productores santafesinos lograron el compromiso de las autoridades provinciales para redoblar esfuerzos, aunque se encontraron con un duro diagnóstico respecto de los recursos disponibles. Hoy la tecnología ofrece algunas alternativas, pero por ahora no están en el radar del gobierno.
La provincia se había mostrado pionera en materia de delito rural, gracias a la confección de un mapa virtual desarrollado en conjunto entre el Ejecutivo y la Confederación de Asociaciones Rurales de la Provincia de Santa Fe (CARSFE). El mismo fue presentado en 2019 como una herramienta moderna, que se nutría de datos brindados por los chacareros a través del Registro Único de Producciones Primarias (RUPP) y de la información que aporta el Ministerio Público de la Acusación.
La iniciativa, que representaba un salto cualitativo en la prevención de la inseguridad y el uso eficiente de los recursos, detuvo su marcha tras el recambio de autoridades de diciembre pasado. Recién la semana pasada se produjo una primera reunión entre CARSFE, el ministro de Producción Daniel Costamagna y el jefe de la Policía Víctor Sarnaglia, donde se retomó el tema y hubo acuerdo para reactivarlo.
Más allá de las buenas intenciones, durante el encuentro -realizado por videoconferencia- se puso de manifiesto la escasez de recursos con los que cuenta la Provincia para enfrentar el delito. Según confirmaron los funcionarios, la Guardia Rural Los Pumas cuenta hoy con 637 personas. Por el régimen de trabajo de esta fuerza, cada semana actúan en territorio unos 300 policías, que deben cubrir unas 27.000 explotaciones agropecuarias.
«Encontramos a Los Pumas hechos unos gatitos», había dicho el propio ministro de Seguridad Marcelo Saín en febrero pasado, para referirse a la falta de personal y movilidad de la fuerza. Por ello, el uso de la tecnología resulta fundamental para dar una respuesta rápida y efectiva a la inseguridad en el campo, que volvió a primera plana por la rotura de silobolsas en distintos puntos del país.
El problema es que en Santa Fe, todas estas dificultades están agravadas por la falta de conectividad que existe en algunas regiones. De hecho, durante la videoconferencia, el único anuncio realizado por el jefe de la Policía fue que se estaban realizando gestiones para dotar al personal de telefonía satelital, de modo que no debieran depender de las redes de telefonía celular para comunicarse.
Innovaciones en la materia
¿Qué alternativas ofrece la tecnología para combatir el delito rural? Una de las posibilidades que se ofrecen está destinada al abigeato: a través de sistemas de trazabilidad animal, uno puede saber dónde se encuentra una vaca o un ovino en tiempo real y rastrear sus movimientos de forma remota. Para ello, se combina el sistema de posicionamiento global (GPS) con la tecnología LoRa, que permite conexiones bidireccionales seguras, con bajo consumo de energía y a lo largo de decenas de kilómetros de distancia
En Argentina una de las firmas que ofrece este servicio es Sauay, asentada en la ciudad de La Plata pero con origen en la actividad agropecuaria, ya que sus socios provienen de una familia de productores ganaderos de la cuenca del río Salado. Desde 2017 lanzaron SisLa, una solución que combina el uso de un collar en los animales, provistos de tecnología GPS y transmisores/receptores Lora (un sistema de conectividad inalámbrica de bajo consumo).
Según plantean desde la firma, el sistema genera datos de GPS y pulso. “Por ejemplo, se puede saber cuándo el ganado está saliendo de una zona geográfica permitida, lo que podría significar que lo están robando. En tanto, con el pulso podemos saber si lo están carneando, porque lo deja de tener”, indicó uno de los socios Carlos Pereyra, quien destacó que el servicio también permite sumar aspectos como vacunación, alimentación e historial de cada animal.
Otra de las opciones disponibles en el país es la utilización de drones para el monitoreo de grandes superficies, una alternativa que comenzó a implementar Córdoba en 2015 y Buenos Aires en 2017. Incluso también en Uruguay, donde a través de una inversión que afrontaron los productores del departamento de Durazno, adquirieron un dispositivo valuado en u$s 12.000 para ampliar el radio de visión de la policía.
Por ahora, en Santa Fe no está contemplado el uso de nuevas tecnologías como las mencionadas anteriormente. Al menos así se lo hicieron saber a este medio los funcionarios consultados, quienes indicaron que el objetivo fundamental es reactivar el mapa del delito rural, que evaluaron como la mejor herramienta disponible para enfrentar este flagelo. (fuente Bichos de Campo)