La situación de las empresas de biocombustibles se agravó en las últimas semanas, luego de los últimos cambios macroeconómicos post PASO, como la suba del dólar y el congelamiento del precio de los combustibles. A eso se sumó que, pese a que anunció un aumento, el Gobierno cambió la fórmula para calcular el precio del biodiesel, y sumó un subsidio para frenar reclamos.
Ahora, las productoras de etanol de maíz aseguran que comenzaron a percibir apenas US$ 0,40 por cada litro de alcohol, el valor mínimo desde que inició en 2012 la producción de la primera planta. Para referenciar, tomaron como indicador al FOB Santos, de Brasil, que actualmente se ubica en US$ 0,49.
“Nos encontramos en un momento de extrema fragilidad por una sumatoria de variables y decisiones que mutilaron nuestro vigoroso crecimiento en el interior productivo del país, y que había nacido bajo la anhelada fórmula de agregar valor a la materia prima en origen. Hoy, ese desarrollo está en serio riesgo si no hay una corrección inmediata”, advirtió la Cámara de Industrializadores de Granos y Productores de Biocombustible en Origen.
Esa industria convierte en alcohol el grano de maíz para luego mezclarlo con las naftas, de tal forma que el 12% de cada litro de combustible se produce en las plantas de Córdoba (Río Cuarto, Villa María y Alejandro Roca), Santa Fe (Avellaneda), San Luis (Villa Mercedes) y Santiago del Estero, que consumen entre todas 1,5 millón de toneladas del cereal con el que aportan el 50% del corte de etanol en la Argentina.
Actualmente, la rentabilidad se complicó por la decisión de la Secretaría de Energía de la Nación de eliminar la fórmula que reaccionaba a los cambios de las variables y arrojaba un valor final para el precio del etanol que las petroleras debían pagar a la industria.
“Eso abrió un escenario de precios distorsionados y arbitrarios para las productoras de etanol mientras que comenzó a trasladar mayores beneficios a las petroleras”, dispararon desde la entidad que nuclea a las empresas.
Y aseguraron que las petroleras “no trasladaron al precio que pagan por el etanol ninguna de las mejoras que recibieron por parte del Gobierno Nacional, como los últimos incrementos que les fueron autorizados y que se reflejan en los surtidores”.
Según datos oficiales, el sector emplea a 2.000 personas, entre puestos de trabajo directo e indirectos que “hoy están en peligro”, aseguran.
Por eso, le reclaman al Gobierno “garantizar la continuidad” del sector, con una “decidida intervención” de la Secretaría de Energía para “evitar abusos de posición dominante de otros eslabones que perjudican seriamente la viabilidad” de las firmas.