Por Arturo Navarro
Al evaluar las repercusiones del masivo paro del agro en todo el país, que describió objetivamente las crisis de todas las economías regionales por causa de la actual política, es suficiente motivo para eliminar ya todas las retenciones y olvidarse de usar algún atajo con la segmentación a los pequeños productores porque estarían institucionalizando la confiscación con un impuesto inconstitucional. Debería asumir definitivamente la dirigencia en general, que no se puede construir un país federal confiscando la renta del productor y del interior, dándole más poder económico y político al gobierno central.
El reclamo de todos los productores fue en rechazo a la alta carga de costos e impuestos distorsivos como los derechos de exportación que se pagan sobre el volumen bruto, aunque se esté perdiendo plata como ocurre actualmente con todos las producciones. Por ahora es un reclamo en soledad del agro, pero próximamente será acompañado por industrias, comercios y servicios con un lockout empresario sindical, si no hay cambio en las políticas. Algún día se asumirá que todos los sectores directa o indirectamente dependen del agro en el país.
No es sostenible en defensa del federalismo fiscal, que del total de la recaudación el estado nacional se quede con el 76% sin incluir en este cálculo los ingresos del impuesto inflacionario. En esta contradicción antifederal están los fundamentos de la actual crisis económica, social y política que padece el interior, con la actual recesión y pérdida de trabajo, por el atraso estructural de toda la infraestructura mientras se pagan impuestos y servicios públicos más altos que en el área bonaerense, que hacen inviable trabajar y producir competitivamente para poder colocar los productos en el mercado interno y la externos.
El sistema actualmente vigente con impuestos a la exportación demostró que no permitió crecer las producciones, no aumentó el agregado de valor, no mejoró la distribución del ingreso, no promueve alimentos más baratos, distorsionó geopolíticamente todo el interior y crea una fuerte dependencia de los intendentes y gobernadores del gobierno central.
Hoy el problema no solamente es económico – a pesar de los grandes ingresos que tuvo el estado después de la década ganada – es muy grave en lo social y lo político.
Después de tantos años de gestión con los Kirchner hay que tener en cuenta el siguiente diagnóstico:
1.Este no es un reclamo de chicos contra grandes productores.
2.Las retenciones son un impuesto al productor innovador y eficiente, como lo demuestra la caída del uso de una mayor tecnología para aumentar la productividad.
3.Existen nuevas formas de trabajo y de comercialización agrícola, que han formado una novedosa red de participantes que ellos mismos quieren defender y que es fundamental promover en otros productores.
4.Ha despertado a la conciencia política una clase media del interior, muchos de ellos como auto convocados, porque se dieron cuenta que las retenciones sobre la producción bruta terminaban con la razonable previsibilidad que tiene una inversión a cielo abierto.
5.Hoy no son competitivas la mayoría de las producciones. En todo el rinde de indiferencia es muy alto, superando el rinde promedio del país de cada cultivo. De cada tres camiones que se cosecha, uno es del estado que hay que entregar arriba del buque, corriendo todos los gastos de implantación, cosecha y flete por cuenta del productor, que los atiende con los dos camiones restantes.
6.El ejemplo más patético de la actual política lo tenemos con el trigo. El país por estas políticas dejó de producir en los últimos 10 años 27 millones de toneladas que a un valor FOB representaron 8 mil millones de dólares. Por retenciones el productor pagó al estado 4550 millones y si agregamos los costos de la intervención del gobierno con el manejo de ROEs, suman un total de 14.885 millones de dólares que extrajeron al productor.
7.En 10 años -2004-2014- el trigo subió 335 % Bahía Blanca, el pan subió 1.100 % pasado de $ 2 a $ 24 el Kg en la actualidad y la inflación fue de un 800 % promedio según quien la mida. Conclusión el pan subió por la inflación y no por el costo del trigo que representa solamente el 9% en la estructura de costo del pan.
La dirigencia agropecuaria y política tiene ahora la obligación de terminar con esta barrera mental y económica que discrimina al campo para fomentar una industria ineficiente en el país y de esa forma poder concretar un desarrollo equitativo y sostenido, rechazando definitivamente estas políticas de confiscación, proponiendo una serie de medidas para salir en la coyuntura:
1.Los derechos de exportación deben ser eliminados. Este debe ser el pedido de toda el complejo agroindustrial ante la posibilidad de que implementen la segmentación de las mismas. Los pequeños, medianos y grandes productores deben pagar sus impuestos con un régimen impositivo igual que los otros sectores, basado en el impuesto a las ganancias que es progresivo.
2.Las retenciones como porcentaje de la recaudación tributaria total en 2014 representaron apenas 0,1% en el caso del trigo; 0,5%, en maíz, y 0,3%, en las economías regionales, mientras las del complejo sojero sumaron 4,5%. Así, el ingreso por retenciones en éstos y otros rubros agrícolas ascendió al equivalente de 10.350 millones de dólares (7,2% de la recaudación total). Poco que ver con el sacrificio fiscal de otras épocas
3.En la grilla por importancia de los impuestos está el IVA, Seguridad Social, Ganancia, Débito y Crédito y recién vienen los derechos de exportación en quinto lugar.
4.Es necesario crear algún mecanismo transitorio que evite dejar sin financiamiento al Estado. Por ejemplo, que una retención de 10% para identificar la operación sean a cuenta de ganancias u otros impuestos nacionales y provinciales por cierto tiempo, hasta implementar una nueva estructura impositiva y nueva ley de coparticipación federal.
5.Segmentar el nivel de productores para pagar retenciones diferenciales debe ser rechazado por todos los sectores. Es imposible su aplicación, es un grave retroceso para el sector y el país y una nueva mentira de la burocracia estatal, propuesta y apoyada por dirigentes del agro sin proyección de futuro. No existe mecanismo ecuánime para poder diferenciar a los productores chicos o grandes en el momento de la venta en forma permanente, porque se vende todos los meses y no es igual todos los años.
6.Hay que asumir que quienes promueven la segmentación para los chicos, está apoyando formalmente esta confiscación a todos los otros productores y a los pueblos del interior por menor coparticipación.
7.La presión impositiva tiene que tener siempre en relación a la capacidad de pago de la actividad privada para un determinado gasto público. Hoy la actividad privada no está en condiciones de sostener el nivel actual de gasto público que llega bien medido a un 50% de PBI y no cuenta ni con los servicios indelegables del estado como es la seguridad, la educación y la salud.
Si realmente pretendemos que el país aumente las producciones y las exportaciones de alimentos al mundo, la opción más concreta, efectiva y rápida es terminar ahora mismo con los impuestos por exportar, para poder duplicar las exportaciones con valor agregado por intermedio de la industria más eficiente como es el Agroindustria, ingresando de esa forma una mayor cantidad de dólares genuinos en el 2016.
Los países similares al nuestro, que crecieron y se desarrollando lo hicieron en base a una Agroindustria que exportaba en forma competitiva a todos los mercados del mundo en forma permanente. Nosotros tenemos todas las condiciones naturales y humanas para poder hacerlo. Necesitamos por lo tanto políticas de estado modernas que transciendan gobiernos y dirigentes, propuesta y apoyada principalmente por toda la dirigencia agropecuaria, si tienen capacidad de cambio para poder trabajar unidos institucionalmente, en defensa de los intereses de todos los productores y el país.