Las lluvias no le dan tregua a la provincia de Buenos Aires, que concentra el 75 por ciento de las 5,6 millones hectáreas afectadas por inundaciones o anegamientos en el país, de acuerdo a una estimación oficial del Ministerio de Agroindustria de la Nación.
Esa jurisdicción es, además, la principal productora de trigo en Argentina; por ello, los daños se están sintiendo con dureza en ese cultivo.
De acuerdo al Panorama Agrícola Semanal (PAS) de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, los excesos hídricos acumulados el último fin de semana generaron nuevas pérdidas por 70 mil hectáreas sembradas, que se suman a las 80 mil de la semana anterior.
Es decir, se perdieron 150 mil hectáreas en casi todo Buenos Aires y noroeste de La Pampa, que se suman a las 150 mil hectáreas que directamente no habían podido sembrarse y que habían llevado a la Bolsa a reducir de 5,5 millones a 5,35 millones de hectáreas su estimación de área sembrada.
Esta semana, la Guía Estratégica para el Agro (GEA) de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) difundió su estimación nacional que coincide con la entidad porteña: 150 mil hectáreas que no se implantaron y al menos 135 mil que ya se perdieron entre Buenos Aires y La Pampa.
En este contexto, el Ieral de Fundación Mediterránea emitió un informe titulado «El clima pone en jaque al sector agropecuario» en el que aclara que «resulta difícil cuantificar el costo económico completo que generará» el fenómeno de las inundaciones, porque hay que esperar a que finalice la campaña fina para poder precisar la magnitud de los problemas y valuarlos.
De todos modos, el economista Juan Manuel Garzón recordó que, a modo estimativo, se calcula que cada hectárea de trigo que no pudo ser sembrada le cuesta (sólo impacto directo) a la economía argentina aproximadamente 300 dólares, por el valor agregado no generado; mientras que cada hectárea que se sembró pero no se cosechó, significa un saldo negativo de 400 dólares (al valor agregado no generado se suma la pérdida patrimonial).
Sobre la base de esta proyección, las 150 mil hectáreas no sembradas significan un perjuicio de 45 millones de dólares; mientras que las 150 mil que quedaron bajo el agua añaden otros 60 millones.