Tras la polémica que se generó entre Buenos Aires y Santa Fe por la activación de un canal de escurrimiento en la laguna La Picasa en territorio santafesino, ayer al mediodía el Gobierno nacional presidió una reunión para acercar posiciones entre ambas provincias y verificar el impacto de la obra.
El encuentro fue presidido por Pablo Bereciartúa, secretario de Infraestructura y Política Hídrica de la Nación, junto al Comité de la Cuenca La Picasa y se decidió armar una comisión técnica integrada por todas las partes implicadas para evaluar la documentación que presentó Santa Fe y poder asegurar que el alcance, contenido y fórmula de cálculo coincidan con los resultados que plantearon desde el gobierno santafesino. En 30 días se volverán a juntar para validar o no la obra en cuestión.
La cuenca de la laguna La Picasa posee 550.000 hectáreas y se extiende por las provincias de Córdoba (46 %), Santa Fe (38 %) y Buenos Aires (16 %). Y el canal de la polémica, denominado Canal de la Alternativa Norte (CAN), se desarrolla dentro del territorio santafesino. Posee 90 kilómetros de longitud y desagua en la laguna El Chañar, en cercanías de la localidad de Teodelina, región limítrofe con la provincia de Buenos Aires.