El “Uso Propio” es el derecho milenario que tienen los agricultores de todo el mundo de conservar una parte de su cosecha para utilizarla como semilla al año siguiente. Con el avance de las tecnologías en semillas (con los aportes de la biotecnología y el mejoramiento tradicional), las empresas consideran que muchas veces es la puerta de entrada a una informalidad, que vulnera los derechos de los obtentores de nuevas variedades. Por eso el “Uso Propio” está siendo discutido en todo el planeta. En la Argentina, mucho más.
Desde hace añares los sucesivos gobiernos, presionados por la industria semillera, intentan modificar la vieja Ley de Semillas para justamente comenzar a poner límites estrictos en el Uso Propio. Por h o por b nunca se pudo hacer. El gobierno de Javier Milei hizo su propio intento al tratar de incorporar forzadamente la adhesión nacional al convenio internacional UPOV 91 en la primera versión de la Ley Bases, pero tampoco pudo lograrlo. La colisión de derechos es la gran piedra en el zapato en esta discusión.
Sin Ley de Semillas actualizada ni UPOV91 en el horizonte, el Instituto Nacional de Semillas (INASE) ahora está lanzando una nueva ofensiva para tratar de evitar que el Uso Propio se transforme en una suerte de coartada para el uso de semillas ilegales o “bolsa blanca”. Es decir semilla multiplicada y vendida en el mercado sin reconocer los derechos de quienes las desarrollaron. El INASE es presidido desde diciembre por un hombre del riñón de la industria semillera y de biotecnología: Claudio Dunan, que proviene de la firma Bioceres.
El organismo, dependiente del secretario de Bioeconomía, Fernando Vilella, pero que goza de autonomía, publicó este martes la Resolución 245/2024, que refuerza el marco legal para que pueda efectuar controles más intensos sobre los productores que decidan utilizar semillas al amparo del Uso Propio. ¿De qué modo? Los obligará a informar la compra original de la semilla que dio inicio a la serie, conservando incluso la factura de compra de la misma.
Para ello se basará en el Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA), el régimen de información obligatoria que todos los agricultores deben presentar ante la AFIP, con datos de interés para el organismo fiscal, la cartera de Bioeconomía, el Senasa y el propio INASE. Entre estos datos figura la superficie sembrada y a sembrar cada campaña agrícola, y las variedades de semillas de cada especie utilizadas. (fuente Bichos de Campo)