El presidente de la Asociación de la Cadena de la Soja Argentina, Rodolfo Rossi, consideró que elevar el porcentaje de integración de biodiesel en los combustibles podría contribuir a resolver las diferencias entre las empresas pymes y las grandes compañías integradas, un conflicto que mantiene trabado en la Cámara de Diputados el tratamiento del proyecto de Ley de Biocombustibles, que ya cuenta con media sanción del Senado.
La iniciativa propone reemplazar el actual marco regulatorio establecido por la Ley 27.640 y elevar los cortes obligatorios de biodiesel en el gasoil del 7,5% al 10%, y de bioetanol en las naftas del 12% al 15%. También plantea modificar las condiciones de comercialización, habilitar una mayor competencia entre los elaboradores y establecer un nuevo esquema de participación para las empresas del sector.
Sin embargo, el principal desacuerdo se concentra en el capítulo del biodiesel. El proyecto abre progresivamente el mercado interno a las grandes empresas integradas, vinculadas a los grupos aceiteros que producen y procesan su propia materia prima, mientras establece una reducción gradual de la participación reservada a las pymes independientes o no integradas.
En el esquema aprobado por el Senado, las empresas pymes conservarán inicialmente la totalidad del corte actual del 7,5%. Cuando el porcentaje obligatorio se eleve al 10%, tendrán reservado un equivalente al 6,5%, mientras que el 3,5% restante quedará abierto a la competencia entre ambos segmentos. Esa participación protegida se reducirá progresivamente hasta llegar a un esquema de transición que se extiende hasta fines de 2035.
La propuesta generó posiciones contrapuestas entre las cámaras empresarias. Por un lado, la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (Cepreb) advierte que la apertura del mercado pone en riesgo la continuidad de numerosas plantas regionales, que hasta ahora abastecen el corte obligatorio. Sus representantes sostienen que las pequeñas empresas no están en condiciones de competir en igualdad de condiciones con los grandes grupos aceiteros.
Por otro lado, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro de Exportadores de Cereales (CIARA-CEC) respaldan la reforma y consideran necesario avanzar hacia un régimen con mayor competencia y participación de las empresas integradas. Desde esa posición, sostienen que la apertura del mercado interno permitirá aprovechar la capacidad industrial instalada y generar nuevas oportunidades para la producción.
El debate llegó a Diputados y también generó objeciones entre bloques políticos que reclaman mayores garantías para las pymes regionales. Entre las alternativas planteadas figura elevar el corte obligatorio al 11% y mantener una participación del 6% para las empresas de menor escala.
En este escenario, Rossi sostuvo que la discusión también debe analizarse a partir de las dificultades que enfrenta la industria argentina para colocar biodiesel en el exterior. Recordó que el país realizó importantes inversiones para desarrollar su capacidad de producción, pero las restricciones comerciales impuestas por distintos mercados limitaron las posibilidades de exportación.
Estados Unidos mantiene desde 2018 derechos antidumping y compensatorios que prácticamente cerraron ese mercado al biodiesel argentino. En tanto, la Unión Europea, principal destino de las exportaciones nacionales, aplica derechos compensatorios de entre el 25% y el 33,4%, aunque existe un acuerdo que permite ingresar un volumen anual bajo un sistema de precios mínimos y cupos libres de esos derechos. Perú también impuso medidas antidumping y compensatorias que restringieron las compras argentinas.
De esta manera, las posibilidades de colocar biodiesel en otros destinos son limitadas y la industria depende en gran medida del mercado europeo. Para Rossi, esta situación internacional obliga a encontrar alternativas dentro del país que permitan aprovechar las inversiones realizadas y agregar valor a la producción de soja.
“Somos los primeros exportadores de aceite de soja y no podemos ser los primeros exportadores de biodiesel por problemas externos, porque los mercados se nos ponen en contra”, señaló en declaraciones a NAP.
En ese sentido, el titular de Acsoja consideró insuficiente el corte obligatorio del 10% contemplado en el proyecto y planteó que debería ser mayor. “Nosotros, como cadena de soja, creemos que el 10% de integración del biodiesel es poco, que debería ser mayor. Eso de alguna manera aplacaría este tema y quizá le generaría una solución”, afirmó.
El dirigente también mencionó los casos de Estados Unidos y Brasil, donde el biodiesel tiene una participación importante en el consumo interno de combustibles, y consideró que Argentina debería avanzar en esa dirección.
Rossi recordó que la cadena de la soja había presentado una propuesta para superar las diferencias en torno al proyecto, aunque finalmente no prosperó en el ámbito del Poder Ejecutivo y de la comisión que intervino en su análisis.
“Hay que encontrar una solución rápido, porque estamos desperdiciando una oportunidad enorme de valor agregado dentro de las cadenas”, concluyó.

